El proceso también examina la recopilación de datos de niños y podría derivar en sanciones económicas y cambios operativos.
Las funciones utilizadas para mantener a millones de personas conectadas a Instagram y Facebook se encuentran ahora en el centro de uno de los mayores desafíos judiciales enfrentados por Meta. Un tribunal federal de Oakland, California, comenzó a examinar si la compañía diseñó deliberadamente sus plataformas para prolongar el tiempo de uso entre niños y adolescentes, mientras ofrecía al público una imagen distinta sobre sus posibles riesgos.
El proceso forma parte de una demanda presentada por una coalición bipartidista de fiscales generales. En esta etapa, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan las reclamaciones relacionadas con sus respectivas leyes de protección al consumidor, mientras representantes de 29 estados impulsan acusaciones federales vinculadas con la privacidad de menores.
Los demandantes sostienen que Meta incorporó características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes y distintos mecanismos de interacción para estimular un consumo repetitivo. Según su planteamiento, estas decisiones aprovecharon características propias del desarrollo adolescente para aumentar la participación de los usuarios y, con ella, los ingresos publicitarios.
Meta rechaza las acusaciones y sostiene que sus productos no fueron creados para provocar adicción. La empresa también cuestiona que exista evidencia suficiente para establecer una relación directa entre el diseño de sus plataformas y los problemas de salud mental atribuidos por los estados.
Una cifra extraordinaria que todavía no constituye una condena
El proceso ha llamado especialmente la atención por una posible exposición económica de hasta US$1,4 billones. Sin embargo, esta cantidad no representa una multa ya establecida, un veredicto ni una estimación definitiva de lo que Meta tendría que pagar.
La cifra fue revelada por la propia compañía en una presentación judicial realizada antes del juicio. Corresponde al cálculo máximo que podría resultar de multiplicar las sanciones contempladas por las leyes estatales y federales por el número de usuarios menores que presuntamente estuvieron expuestos a las prácticas cuestionadas.
Meta considera que esa metodología no está vinculada con infracciones individuales debidamente demostradas y sostiene que una sanción de tal magnitud no tiene precedentes dentro de los casos de protección al consumidor en Estados Unidos. Los estados, por su parte, deberán probar primero la responsabilidad de la empresa antes de que el tribunal determine si corresponde alguna penalización.
Por tanto, los US$1,4 billones deben interpretarse como el límite planteado dentro de una disputa sobre la forma de calcular las sanciones, no como el resultado más probable del proceso. Incluso si Meta fuera declarada responsable, la cantidad final podría ser revisada por la jueza, reducida o sometida a futuras apelaciones.
La privacidad de los menores, otro eje del caso
La demanda también acusa a Meta de recopilar información de niños menores de 13 años sin contar con el consentimiento verificable de sus padres. Esta parte del proceso se apoya en la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA.
La normativa federal exige que los servicios digitales dirigidos a menores de 13 años, o aquellos que saben que están recopilando información de ese grupo, informen a los padres y obtengan su autorización antes de utilizar esos datos.
Los estados argumentan que Meta tenía conocimiento de la presencia de niños en sus plataformas y que sus sistemas de control de edad no fueron suficientes para impedir el acceso o evitar la recopilación de información. La empresa asegura que prohíbe las cuentas de menores de 13 años y que emplea diferentes tecnologías para detectar perfiles que puedan haber registrado una edad falsa.
En 2026, Meta anunció la ampliación de herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar posibles cuentas de menores y aplicarles protecciones adecuadas. La compañía también ha extendido sus Teen Accounts, que limitan por defecto quién puede contactar a los adolescentes, el tipo de contenido que reciben y determinadas interacciones dentro de Instagram, Facebook y Messenger. Meta sostiene que cientos de millones de adolescentes ya han sido incorporados a estas configuraciones.
El negocio de la atención llega a los tribunales
La discusión judicial va más allá del contenido publicado por los usuarios. El centro del caso está en la arquitectura de las plataformas: cómo funcionan sus recomendaciones, qué incentivos utilizan, con qué frecuencia llaman al usuario a regresar y cuánto control ofrecen para interrumpir la experiencia.
Este enfoque podría redefinir la responsabilidad legal de las compañías digitales. Durante años, gran parte del debate se concentró en la moderación de publicaciones realizadas por terceros. Ahora, los estados intentan demostrar que determinadas decisiones de producto también pueden generar responsabilidad cuando están destinadas a maximizar la permanencia de usuarios menores.
La acusación presentada por California sostiene que Meta conocía los posibles efectos del uso excesivo y, aun así, continuó empleando herramientas orientadas a aumentar la interacción. La compañía insiste en que ha invertido en seguridad, supervisión parental, controles de contenido, recordatorios de tiempo y nuevas restricciones para adolescentes.
El tribunal deberá diferenciar entre una plataforma atractiva, creada para generar participación, y un producto cuyo diseño pueda considerarse deliberadamente perjudicial. Esa línea será determinante no solo para Meta, sino para el modelo comercial de buena parte de la industria tecnológica.
Un resultado con alcance internacional
Además de las posibles sanciones económicas, los estados buscan modificaciones en el funcionamiento de Instagram y Facebook. Entre las medidas discutidas se encuentran mayores controles de edad, advertencias más claras, límites para determinadas funciones y configuraciones menos estimulantes para los usuarios jóvenes.
Aunque el proceso se desarrolla en Estados Unidos, una orden que obligue a rediseñar elementos centrales podría influir en la experiencia de las plataformas en otros mercados. Para América Latina, donde Instagram y Facebook mantienen una presencia considerable entre usuarios jóvenes y empresas, cualquier transformación aplicada de manera global tendría implicaciones para familias, anunciantes y creadores de contenido.
El juicio también podría convertirse en una referencia para futuras regulaciones sobre diseño persuasivo, privacidad infantil y responsabilidad de las plataformas. No obstante, cualquier decisión estará sujeta a revisión y podría abrir una extensa etapa de apelaciones.
Más allá de la cifra de US$1,4 billones, la pregunta central es si una empresa tecnológica puede ser responsabilizada por convertir la atención de los menores en parte esencial de su modelo de negocio. La respuesta podría modificar la manera en que las redes sociales diseñan sus productos y miden el éxito de cada interacción.
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