La expansión de las criptomonedas ha creado una nueva clase de riesgo que ya no se limita a vulnerabilidades informáticas, estafas digitales o filtraciones de contraseñas. Los delincuentes también están recurriendo a la intimidación y la coerción física para obligar a sus víctimas a autorizar transferencias desde sus billeteras digitales.
Estos delitos son conocidos dentro del sector de seguridad como “ataques de llave inglesa”. El término describe situaciones en las que los criminales intentan evadir las protecciones tecnológicas confrontando directamente al propietario de los activos. En lugar de vulnerar un sistema, buscan forzar el acceso a una cuenta, dispositivo o clave privada mediante amenazas, secuestros, allanamientos de viviendas u otras formas de violencia.
Chainalysis estima que durante la primera mitad de 2026 fueron robados más de US$30 millones mediante esta modalidad. Si la tendencia se mantiene durante el resto del año, el monto podría superar los US$58 millones registrados en 2025, hasta ahora el mayor total anual identificado por la firma especializada en análisis de cadenas de bloques.
La cifra representa únicamente los casos en los que los atacantes lograron apropiarse de los activos. Cuando se incorporan las cantidades exigidas, las transferencias bloqueadas y los fondos posteriormente congelados o recuperados, el valor relacionado con los intentos documentados asciende a aproximadamente US$107 millones en lo que va de 2026.
A pesar del incremento en el número de incidentes, la proporción de ataques que termina en un pago ha disminuido. Hasta finales de junio se habían documentado 46 casos, de los cuales 12 consiguieron extraer fondos de las víctimas. Esto equivale a una tasa de éxito cercana al 26%, frente al 49% observado en 2025 y al 67% de 2024.
Esta reducción puede estar relacionada con una mayor preparación de las víctimas, la intervención de las autoridades y la capacidad de algunas plataformas para identificar y detener movimientos sospechosos. Sin embargo, Chainalysis advierte que las estadísticas constituyen una estimación mínima, ya que muchos episodios pueden no denunciarse por temor, privacidad o desconocimiento sobre los mecanismos disponibles para reportarlos.
Los hogares se convierten en un nuevo punto de riesgo
El comportamiento de los atacantes también está cambiando. Los allanamientos de viviendas representaban cerca del 26% de los incidentes registrados en 2023 y alcanzaron el 37% durante 2026. Los secuestros, por su parte, concentraron aproximadamente el 52% de los casos documentados en el año.
La evolución demuestra que el crecimiento del mercado de activos digitales también está modificando las dinámicas de la delincuencia tradicional. Una billetera de autocustodia puede permitir el acceso inmediato a fondos desde un teléfono o dispositivo especializado, sin que una institución financiera tenga necesariamente la oportunidad de revisar o detener la operación antes de que se complete.
Esta característica, considerada una de las ventajas de la descentralización, puede convertirse en una vulnerabilidad cuando la identidad del propietario y el valor aproximado de sus activos quedan expuestos. Las publicaciones en redes sociales, las filtraciones de bases de datos y la vinculación pública entre una persona y sus movimientos financieros pueden proporcionar información útil para seleccionar objetivos.
Las víctimas tampoco se limitan a grandes inversionistas. El informe identifica ataques dirigidos contra empresarios del sector, operadores de plataformas, personas conocidas por poseer activos digitales y familiares o colaboradores cercanos. Esto amplía el riesgo más allá de quien controla directamente la billetera.
Francia concentra la mayor cantidad de casos
Francia se convirtió en el principal foco de estos delitos durante 2026. Antes de 2025, el país había registrado pocos incidentes conocidos; posteriormente contabilizó 19 casos durante ese año y otros 30 de conocimiento público hasta mediados de 2026.
El número real podría ser considerablemente mayor. Las autoridades francesas informaron a finales de junio que habían identificado más de 70 episodios violentos relacionados con criptomonedas, lo que impulsó el desarrollo de medidas adicionales de protección, identificación de riesgos y respuesta para personas vinculadas con el sector.
Estados Unidos, Brasil y Tailandia también aparecen entre los países con mayor cantidad acumulada de incidentes desde 2023. La presencia de Brasil dentro de este grupo convierte la situación en un tema relevante para América Latina, una región donde la adopción de activos digitales continúa avanzando entre usuarios individuales y empresas.
No obstante, estos ataques siguen siendo poco frecuentes en términos absolutos y las cantidades robadas mediante violencia física son menores que las asociadas con estafas, hackeos y otros delitos digitales. El crecimiento de los casos, sin embargo, revela una convergencia cada vez más evidente entre ciberdelincuencia, extorsión y estructuras criminales tradicionales.
La seguridad digital ya no es suficiente
El fenómeno obliga a reconsiderar la manera en que se protegen los activos digitales. Una contraseña compleja, una billetera física o un sistema avanzado de cifrado pueden reducir el riesgo de una intrusión informática, pero no resuelven por sí solos la exposición física de su propietario.
La prevención comienza por evitar la divulgación pública de saldos, ganancias o mecanismos de almacenamiento. También adquieren relevancia las soluciones de custodia con múltiples niveles de autorización, los límites para transferencias y la separación entre las billeteras utilizadas cotidianamente y aquellas destinadas a conservar fondos a largo plazo.
Para las plataformas y las autoridades, el desafío consiste en acelerar la detección de operaciones realizadas bajo coerción, mejorar el intercambio de información y fortalecer la capacidad para seguir los activos después de una transferencia. Aunque las cadenas de bloques permiten observar el movimiento del dinero, recuperar los fondos depende de la rapidez de la respuesta y de la cooperación entre investigadores, emisores y plataformas de intercambio.
En Panamá y el resto de América Latina, la advertencia llega en un momento de creciente interés por las criptomonedas, las stablecoins y las soluciones de pago basadas en cadenas de bloques. El informe no identifica a Panamá como uno de los principales focos de estos ataques, pero la experiencia internacional demuestra que la protección del patrimonio digital también debe contemplar la privacidad personal y la seguridad fuera de internet.
El posible récord de 2026 marca un cambio importante: los activos digitales ya no están vinculados exclusivamente con delitos que ocurren detrás de una pantalla. A medida que su adopción avanza, protegerlos exigirá combinar tecnología, discreción, protocolos de custodia y respuestas institucionales capaces de actuar tanto en el mundo virtual como en el físico.
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